jueves, 29 de enero de 2009

EL TRIBUNAL SUPREMO CERTIFICA LA DERROTA DE LOS QUE SE HAN OPUESTO A LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA





. El Tribunal Supremo hizo público ayer el Fallo de la sentencia en el que establece que no existe el derecho de objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
. Este Fallo certifica la derrota de aquellos que han utilizado las instituciones
educativas como campo de batalla para ejercer sus hostilidades contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y usando esta asignatura como munición.
. Durante los tres años transcurridos desde la aprobación de la LOE, el Partido Popular y sus organizaciones afines han impulsado un debate artificial para no hablar de lo que verdaderamente importaba en educación. Con su oposición a Educación para la ciudadanía pretendían ocultar las iniciativas del Gobierno de Rodríguez Zapatero puestas en marcha para modernizar la enseñanza, impulsar la FP, incrementar los presupuestos de becas y ayudas, luchar contra el abandono escolar, generalizar la Educación Infantil…
. El Fallo del Tribunal Supremo viene, pues, a poner fin a una polémica falsa inducida por los sectores más radicales de la Conferencia Episcopal y el PP, así como otras organizaciones ultraconservadoras, como el Foro de la Familia, que han utilizado esta asignatura para su batalla política, sin importarles torpedear la educación, crear incertidumbre en muchas familias y alumnos y generar un auténtico
caos en el funcionamiento de muchos centros educativos en algunas Comunidades donde gobiernan.

El sentido de la sentencia del Supremo supone un varapalo a aquellos que han boicoteado la asignatura, afirmando que era una herramienta de adoctrinamiento. Muchos dirigentes del PP deberían ahora pedir disculpas por alarmar de forma desmedida a las familias y los centros educativos.
. Especialmente grave e irresponsable ha sido la actuación de los gobiernos populares de Madrid y Valencia al utilizar las instituciones educativas para el boicoteo a la asignatura.
. El gobierno de Francisco Camps, en la Comunidad Valenciana, publicó una orden que ofrecía la opción de aprobar la materia con un trabajo y sin estudiar todo el temario, exigiendo además a sus profesores que la impartieran en inglés.