sábado, 26 de septiembre de 2009

Los 'pinchazos' apuntan a que Camps estaba al tanto de la trama de financiación


"Ése lo sabe todo", dice el vicesecretario de Organización sobre el presidente valenciano - Las grabaciones prueban la confabulación para falsear facturas

El PP desplegó ayer toda su maquinaria para tratar de desautorizar el informe policial que detalla la trama de financiación ilegal del partido en Valencia. Sin embargo, las conversaciones entre los principales miembros de la trama y dirigentes clave del PP, grabadas todas ellas con autorización judicial, muestran con claridad no sólo la intensa relación personal entre ellos, sino sobre todo sus esfuerzos por maquillar la contabilidad, organizar pagos en contabilidad opaca (llamada en clave Barcelona, por la inicial, en contraposición de Alicante, cuya inicial describe las cuentas legales). Las conversaciones que publicamos hoy demuestran, además, que el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, estaba al corriente de la situación. De hecho, Álvaro Pérez, máximo responsable de Orange Market y representante en Valencia de Francisco Correa, cabecilla de la trama, narra cómo ha hablado con Camps de estos asuntos, y en varias ocasiones alardea de que si Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat, y Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, no arreglan el problema de las deudas del PP con Orange Market, en cuentas A y B, él enviará un mensaje o hablará con Camps para desbloquearlo.


De las múltiples conversaciones que prueban la implicación de Camps y la existencia de extraños tejemanejes contables, la más clara sea tal vez la que mantienen David Serra, vicesecretario de Organización del PP, y Álvaro Pérez, El Bigotes, el 29 de diciembre de 2008, en plena negociación de Orange Market para recuperar su deuda con el PP.

En ella, Serra le dice a Pérez: "Yo necesito que el talón lo ingreséis hoy", esto es, en referencia a un pago de Orange Market al PP, algo extraño. Entonces ambos comienzan a hablar de una información que había publicado el diario Levante, sobre las dudas que tenía la Sindicatura de Comptes, organismo que fiscaliza los presupuestos, sobre algunos datos de la contabilidad del PP con Orange Market. Y Pérez, al que en una conversación Camps llegó a llamar "amiguito del alma", admite abiertamente que ha hablado con Camps sobre el asunto. "Luego, por la tarde, hablé con el presi, y le dije: 'Que sepas que Ricardo [Costa] tiene toda la documentación'. Y él me contestó: 'No sé ni de qué me hablas'. Y yo le dije: 'Ya, ya sé cómo me dices, pero bueno, que lo sepas". Por si había alguna duda de la implicación de Camps, es el propio Serra, alto cargo del PP valenciano, quien sentencia sin tapujos: "Ése lo sabe todo". "Ya, ya lo sé", cierra El Bigotes.





EDITORIAL DE "EL MUNDO"
O tendrá que irse Camps o tendrá que irse Rubalcaba

EL INFORME de la Unidad Central de Delincuencia Económica, a cuyo contenido hemos tenido acceso, describe una trama de financiación ilegal en el PP de Valencia cuya picaresca recuerda mucho a la trama de Filesa montada en su día por el PSOE.

Lo primero que hay que establecer es un elemento de cautela sobre la veracidad de este informe realizado por una unidad policial que depende del Ministerio de Interior, a cuyo frente no está precisamente un político cualquiera. Todas las reflexiones que se puedan realizar en estos momentos están condicionadas a esa veracidad.

Pero si lo que dice este documento es cierto, el PP valenciano habría organizado una trama ilegal de financiación, cuyo centro era Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez El Bigotes, que trabajaba en estrecha asociación con Francisco Correa.

Según el informe policial, esta trama operaba de la siguiente manera: el PP de Valencia habría establecido un sistema de doble vía de pago a Orange Market por la organización de sus actos. Una parte de la facturación se pagaba de forma legal, liquidando el IVA y con dinero A (de ahí la denominación Alicante en la contabilidad). La otra parte de los pagos se hacía con dinero negro, denominado B (estas operaciones se llamaban Barcelona).

Lo de Alicante y Barcelona recuerda mucho a la terminología de los intermediarios socialistas que constituyeron una empresa llamada GMP, siglas que correspondían a «Ganar Mucha Pasta». Pero no es la anécdota lo que debe centrar nuestra atención.

Lo esencial es que, establecido ese doble mecanismo, el PP recurría a sociedades constructoras que pagaban parte de sus gastos a cambio de adjudicaciones de contratos de la Generalitat Valenciana. En algunos casos, estas empresas desembolsaban su dinero por servicios no recibidos, como sucedía en el caso Filesa, y en otros, recurrían a la rupestre y burda entrega de dinero negro.

La Policía asegura que dispone de pruebas de que esta trama estaba coordinada por Ricardo Costa, número dos del PP valenciano. Si esto es así, evidentemente no estamos hablando ya del regalo de cuatro trajes sino de una red de corrupción en toda regla.

El asunto es tan grave que requiere hoy mismo una explicación pública tanto en Madrid del máximo responsable del PP, Mariano Rajoy, como en Valencia del presidente de la Generalitat y líder del partido, Francisco Camps. Y si Rajoy no puede acreditar que se trata de una completa falsedad, lo que debe hacer sin dilación es crear una comisión interna de investigación, como hizo Aznar en el caso Naseiro.

Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero si lo que dice el informe es cierto no solamente Costa y otros dirigentes tendrían que dimitir inmediatamente sino que además Camps quedaría en una situación insostenible.

El contenido del informe reabre el debate sobre el discutible criterio del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que optó por separar la investigación de la posible financiación ilegal del PP en esta Comunidad de la de los regalos efectuados a Camps y a otros dirigentes del partido. No parece razonable deslindar una cosa de otra a la luz de los nuevos datos, que arrojan otra perspectiva sobre la conducta de las personas que recibían esas dádivas.

Solamente hay dos posibilidades: o lo que dice el informe es falso y ha sido un montaje urdido por mandos policiales o lo que dice el informe es sustancialmente verdadero. Lo primero implica la dimisión de Rubalcalba y lo segundo, la de Camps.