jueves, 31 de mayo de 2012

El juez ve ilegal el Asalto a las Aguas de Calicanto

Los propietarios aseguran que personal del Ayuntamiento rompió los candados.

El Ayuntamiento de Chiva, liderado por el popular José Manuel Haro, intentó una municipalización forzosa del servicio de aguas según atestigua el auto del magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo número 10 de Valencia: «Se pretende ejecutar un acto administrativo que ha acordado la transmisión forzosa y gratuita al Ayuntamiento de bienes que son propiedad de la mercantil Aguas de Calicanto».

El Consistorio lleva meses intentando hacerse con la gestión del servicio de aguas de la urbanización Calicanto. Es la pieza que le falta para poder municipalizar el servicio de todo el término y, quizá, poder ofrecerlo a empresas interesadas para que lleven su gestión.

Según los propietarios de Aguas de Calicanto, el pasado 1 de marzo una brigada del Consistorio de Chiva y cargos municipales se personaron en las dependencias de la empresa, donde están los pozos, y sin a
utorización, rompieron los candados y accedieron a las instalaciones para tomarlas. Al final, ante la insistencia de la propietaria, que llamó a la Guardia Civil, se marcharon. La gerente interpuso denuncia en el juzgado de Requena y ante la Guardia Civil: «Hay fotografías y lo tenemos todo grabado».

Al día siguiente, según las mismas fuentes, el Ayuntamiento pidió una autorización judicial para poder acceder a los pozos. El auto emitido por el juez ha sido contundente en contra de las intenciones del Consistorio presidido por Haro, que también es diputado provincial. El Ayuntamiento, según el acuerdo de 17 de enero de 2012, pedía la entrega en posesión de las redes, conducciones e instalaciones de agua potable de la empresa.


El juez, tras analizar la documentación, constata que el acto administrativo que pretendía ejecutar el Ayuntamiento «es una transmisión forzosa y gratuita» de unos bienes que son de propiedad de Aguas de Calicanto «y sin que se haya seguido procedimiento expropiatorio alguno, ya que el Ayuntamiento se ha limitado a incoar, dar trámite de audiencia y resolver sin que se establezca compensación de ninguna clase».

Al margen de la ley

El auto establece que, tras analizar los hechos, «lo cierto es que existe una importante apariencia de que en el fondo es una simple y llana incautación de bienes y derechos de terceros». El magistrado recuerda que estas actuaciones están «proscritas» por la ley y que es contraria al artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y que dice que nadie podrá ser privado de sus bienes sin justificación y sin su respectiva indemnización. El juez añade que ese tipo de actuación está al margen de la ley, lo que podría determinar su nulidad. Por todo ello deniega la autorización de entrada.

Haro, que hoy declarará en Requena como imputado por un delito de prevaricación administrativa tras destituir a un concejal, se enfrenta a otra denuncia ya que los propietarios de Aguas de Calicanto la presentaron por ocupación indebida de sus instalaciones y sin ninguna autorización.