miércoles, 17 de octubre de 2012

Arranca la recogida de firmas para exigir a Rajoy un referéndum que recupere el papel de la ciudadanía

La Cumbre Social que integra más de 150 organizaciones –entre las que se encuentran CCOO, UGT, CSI-F, USO, CEAPA, Consejo General del Trabajo Social, Plataforma para la Defensa de la Justicia Gratuita o Mujeres Progresistas-dio este lunes en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid el pistoletazo de salida a la campaña para convocar un referéndum sobre los recortes impuestos por el Gobierno. La movilización se inicia con una carta en la que se recuerda a Mariano Rajoy el incumplimiento de su programa electoral y con la recogida de firmas.   
Como parte de la campaña está activa la página web exigimosunreferendum.org para recoger firmas que secunden esta reclamación de consulta al Gobierno y los argumentos para ello. Durante la presentación, el ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Economía Aplicada, Carlos Berzosa, miembro de la Comisión Promotora del referéndum, alertó de que frente a las políticas de austeridad y recortes “la realidad está demostrando que sí hay otras políticas económicas posibles” como medidas fiscales más progresistas o combatir con más medios el fraude, así como priorizar el gasto público, la investigación, la sanidad y la educación.
La oportunidad de recuperar la participación ciudadana
Berzosa, como recoge Gaceta Sindical, alertó de que “los mercados se han impuesto a los Gobiernos” y de ese modo “la democracia está secuestrada”. De ahí que el referéndum sea “la oportunidad para reivindicar nuestra dignidad y la participación en la vida política, y reivindicar nuestro Estado Social de Derecho”.
Ejecutivo actuando como si los votos fueran “cheque en blanco”
Por su parte, el periodista Máximo Pradera, también miembro de la Comisión Promotora, lamentó que las medidas electorales no tengan carácter de “obligación jurídica” para poder llevar al Gobierno a los tribunales por sus incumplimientos, acusando al Ejecutivo de Rajoy de actuar “como si los votos obtenidos en las elecciones fueran un cheque en blanco para hacer y deshacer en libertad”.
La carta que se enviará a Rajoy, que fue leída por la escritora Almudena Grandes, aparece reproducida en su integridad a continuación.

Señor presidente del Gobierno de España:
Nos dirigimos a usted en nombre de la ciudadanía y del profundo malestar que experimenta ante la situación de deterioro político, económico e institucional en el que nuestro país parece a punto de naufragar.
No cuestionamos la legitimidad de su gobierno, pero queremos hacer constar que la legítima victoria electoral que el PP obtuvo el 20 de noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba ninguna de las medidas que usted ha aplicado desde entonces, con el pretexto de resolver la atroz crisis económica que padecemos sin lograr otra cosa que agudizarla aún más.
En su programa electoral ni siquiera se insinuaban los brutales recortes que han sufrido las inversiones y servicios públicos de nuestro país. Tampoco se anunciaron en el debate de investidura, y a partir de entonces, los miembros del gobierno que usted preside se han dedicado a desmentir sistemáticamente sus propias políticas, en un ejercicio de hipocresía sin precedentes desde la instauración de la democracia española. Como consecuencia de sus prácticas, amplios sectores de la sociedad sentimos que nos hallamos ante un flagrante incumplimento del “contrato electoral” establecido entre el PP y sus votantes. Y consideramos que esta situación sólo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que antes ignorábamos y ahora padecemos se somete a consideración de los mismos electores que le llevaron al poder.
El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección, los recortes en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, el deterioro y abandono al que se ve sometido el medio rural, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la eliminación de derechos de las mujeres, la injusticia de las medidas que se vienen adoptando y la constatación de que los más ricos y poderosos de nuestro país no sólo no contribuyen a paliar esta situación, sino que están consiguiendo eludir sus responsabilidades, y hasta enriquecerse aún más a costa de todos, están alimentando un sentimiento de indignación popular que se traduce en una profunda animadversión hacia quienes aplican unas políticas que agreden a los ciudadanos en lugar de proteger sus intereses. En esta situación, afrontamos un serio, y creciente, riesgo de desafección democrática -como ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS-, que puede desembocar en expresiones mucho más dramáticas e indeseables que las que hemos visto hasta ahora.
Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en la relación que instituciones y formaciones políticas establecen con los ciudadanos.
Por estas razones, y amparándonos en el artículo 92.1 de la Constitución española, que establece que: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, reclamamos que se celebre una consulta popular vinculante acerca de los recortes que están cambiando la realidad de nuestro país y la vida cotidiana de sus habitantes.
Su gobierno no puede seguir escudándose en el argumento de que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque si los ciudadanos queremos que se supere la crisis, también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida, y si los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.
El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación y sanidad, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo… Esos son los temas responsables de que muchos de sus votantes se sientan estafados por su gobierno. Nuestra iniciativa pretende darles la oportunidad de opinar sobre lo que su campaña y su programa electoral les escamoteó hace un año.
No estamos planteando nada estrafalario. Ningún gobernante democrático debería temer las consultas populares, y además, existen precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial trascendencia que no había figurado previamente en su programa electoral.
Volvemos a encontrarnos ante “decisiones políticas de especial trascendencia”, ya que pueden limitar drásticamente el ejercicio de derechos civiles garantizados por la Constitución de 1978. Si entonces los ciudadanos fuimos llamados a aprobarla en referéndum, ahora nadie debería negarnos la oportunidad de volver a opinar sobre las modificaciones que, de hecho, los recortes imponen a aquel texto. Si a esto le añadimos el efecto universal de unas medidas que padecemos todos los españoles sin que ninguno de nosotros haya podido opinar sobre ellas, nadie puede extrañarse de que pidamos al Gobierno que usted preside que convoque un referéndum en el que la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis.

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ERE en SGR y FGV
Fabra firmaba un convenio en Hannover
Corte de Fabra que explica que va dirigido a jóvenes de FP para que hagan prácticas en Alemania. Defendió la movilidad internacional.
Bajada de sueldos de diputados en Les Corts
La semana que viene se reunirá la comisión. Una bajada que no será efectiva hasta el año que viene. PP Y PSPV se atribuyen la iniciativa. Los socialistas acusan al PP de paralizar las iniciativas; los populares acusan a los socialistas de presentar las iniciativas fuera de tiempo. Corte de Bellver que afirma que en estos momentos hay conversaciones sobre el tema y que se dilucirá la semana que viene. Corte de Torres que crítica que haya diputados que perciben casi el 100% cuando no le dedican la mayoría del tiempo a la actividad parlamentaria.
La firma de Guzmán: La clase política debe estar bien pagada.
Con sueldos dignos. Otra cosa es que sobren políticos y cargos de confianza. Espero que se acabe con el oscurantismo de sus señorías. Sueldos justos con luz y taquígrafos, con transparencia absoluta.
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Por prescripción de impuestos podría haber dejado de ingresar hasta 400.000 €.Orengo lo negaba todo y hasta amenazó con querellarse.

El Código Penal de Gallardón se ceba con los indignados

Jueces para la Democracia denuncia que hemos pasado "de un Estado social a un Estado penal". Critica que se criminalice la ocupación simbólica de bancos o la lucha contra los desahucios.
 
El Código Penal de Gallardón se ceba con los indignados, al criminalizar actividades que hasta ahora no eran consideradas delito como la ocupación simbólica y pacífica de entidades bancarias, el encadenamiento para evitar desahucios o la convocatoria de manifestaciones vía redes sociales en determinados supuestos. Según el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, la combinación de los recortes sociales con la aprobación de la normativa penal más dura de Europa permite hablar de que España pasa de un "Estado social a un Estado penal".


Bosch llega a esa conclusión tras analizar los nuevos delitos y la agravación de las penas previstas para los tipos delictivos del capítulo de desórdenes públicos, atentados y resistencia a la autoridad. Así, subraya que se ha introducido en el Anteproyecto un nuevo artículo 557.ter, que castiga con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, a "los que, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal".
Para el portavoz de JpD, se castigan así las ocupaciones de entidades bancarias u organismos públicos que en muchas ocasiones se hacen con carácter pacífico y reivindicativo, por lo que considera que es "abiertamente desproporcionado" sancionarlas con pena de prisión.
En la misma línea de criminalización de la actuación de ciudadanos descontentos o indignados, Bosch alude al nuevo artículo 560 bis, que sanciona a "quienes actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio", con una pena de tres meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.

El portavoz de la asociación progresista de jueces y magistrados afirma que son medidas "para criminalizar la protesta social", "desproporcionadas", y que no deberían estar incluidas en el Código Penal.
Bosch pone el acento también en que, tal como queda redactado el delito de atentado en el nuevo Código, "es lo bastante confuso como para que pueda entenderse incluida en él supuestos de protestas pacíficas como los encadenamientos para evitar desahucios. El artículo 550 pasa a decir: "1.- Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 2.- Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos".
Pena de hasta cuatro años de cárcel por resistencia a la autoridad con intimidación
Además, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez, Magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, "se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.”
También entiende Bosch que la eliminación como delito de la desobediencia leve, dejando sólo la resistencia, eleva la penalidad de esta última y considera delito, con pena de prisión para los tipos agravados, prácticamente cualquier actuación en una protesta. Cuando ya se usan medios violentos como el lanzamiento de piedras, las penas son muy elevadas y, en opinión de este jurista, se criminalizan de forma muy acentuada.
Otro aspecto criticable, en su opinión, es la ambigüedad del nuevo artículo 559 que, textualmente, considera delito "la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo". La pena es una multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Bosch piensa que puede servir para avalar actuaciones policiales desproporcionadas como las llevadas a cabo contra los promotores del 25-S, lesionando derechos de los ciudadanos, y que a posteriori fueron archivadas por el juez Santiago Pedraz por ser poco admisibles en un Estado de Derecho.
En conclusión, el portavoz de JpD califica de tránsito del "Estado social al Estado penal" lo que pretende el nuevo Código --que incluye además la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad --, al castigar "con dureza extrema" las manifestaciones de descontento, en un país donde descienden los derechos sociales y que cuenta con una de las tasas más elevadas de Europa de número de presos por habitante.
"Tendremos el Código Penal más duro de Europa contra formas de disidencia y protesta de la ciudadanía", al tiempo que se han recortado como nunca los derechos sociales y laborales, destaca Bosch. En su opnión, los delitos de desórdenes, atentado y resistencia ya tenían respuesta suficiente en el actual Código Penal, por lo que rechaza el incremento desproporcionado que se pretende ahora por el Gobierno.
Fuente: Público.es